AFP


El gobierno del presidente Donald Trump propuso el fin de semana modificar los alcances de la llamada “carga pública”, que determina si los inmigrantes van a representar un peso para las arcas del Estado a la hora de aprobar la residencia permanente u otros documentos migratorios. según informó la cadena Univision.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente. “De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan emigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, apuntó.

La nueva regla recomienda cambios que alterarán la forma en que los funcionarios del servicio de inmigración “seleccionan” a los solicitantes de cualquier tipo de beneficio migratorio y determinan su inadmisibilidad debido al riesgo que puedan convertirse en una carga pública para el gobierno.

En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador solicitante, como lo indica la declaración jurada de apoyo vigente, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “se centrará en el solicitante y cualquier miembro de la familia dependiente”, advirtió en su momento el Programa de Ayuda Legal CLINIC de la Conferencia de

Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), una de las principales redes de asistencia a inmigrantes en el país.

Pero a pesar de los anuncios y la amenaza de que el nuevo reglamento exigirá que los agentes de inmigración “examinen los ingresos actuales y estimados del inmigrante, su historial laboral, las habilidades laborales, el estado de salud, los bienes y cualquier historial familiar de recibo de beneficios públicos”.

Hay quienes piden calma, no entrar en pánico, sopesar el documento con tranquilidad y, sobre todo, enviar sus comentarios para que el gobierno los tome en cuenta.
Sin embargo, grupos civiles consideran un “ataque” a los inmigrantes legales, a sus familias y al bienestar de sus hijos la propuesta del gobierno federal.

“Este es un ataque vergonzoso contra inmigrantes que viven y trabajan legalmente en nuestras comunidades”, afirmó María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

Esta organización advirtió que de ser aprobadas las modificaciones, una familia de cuatro inmigrantes que devengue menos de 63.000 dólares al año sería considerada una “carga pública”.

Un informe de la Kaiser Family Foundation, publicado en abril, estimó que casi 20 millones de niños en familias inmigrantes podrían verse afectados por el cambio propuesto por el gobierno de Trump.

Por ley, debe haber un período de 60 días a partir de la fecha de publicación para que el público opine, y luego el gobierno debe tomarse un tiempo para revisar los comentarios y adaptarlos al reglamento antes de publicar la regla final.

¿Cómo afectaría a los migrantes?


Ante la inacción del Congreso para reducir la inmigración legal, la Administración busca hacerlo al castigar a inmigrantes pobres y conceder la “tarjeta verde” sólo a quienes superen cierto umbral económico.


Según un reporte de el diario angelino La Opinión, de aprobarse la nueva regla, impondrá nuevos requisitos financieros para el cónyuge extranjero, al exigir un ingreso familiar anual de hasta 250% del nivel de pobreza, es decir $41,150 para la mayoría de parejas sin hijos, o $73,550 para una familia con cinco miembros, según un análisis del grupo “Boundless Immigration”, que ayuda a extranjeros a navegar el sistema migratorio.

De esta forma, el DHS negaría la entrada a casi la mitad de los solicitantes de “tarjeta verde” cada año, obligando a unas 200,000 parejas a abandonar el país o vivir separados indefinidamente, indicó el documento.

Desde el sábado pasado, la propuesta ha generado rechazo de líderes demócratas del Congreso, y representantes de grupos comunitarios, cívicos y religiosos en todo el país, quienes coincidieron en que, al castigar a los inmigrantes, la Administración Trump paradójicamente también perjudicará a comunidades que dependen de su mano de obra.